"Los centroamericanos se enfrentan a una elección imposible: huir de nuevo bajo circunstancias peligrosas y arriesgarse a ser secuestrado, víctima de abuso o asesinado en manos de los grupos del crimen organizado o a quedarse en sus países de origen y enfrentarse a la violencia y la extrema pobreza", subraya la directora para Honduras del NRC, Dominika Arseniuk.
De este país centroamericano, uno de los que integran el llamado Triángulo Norte junto con El Salvador y Guatemala, han partido en lo que va de año dos caravanas de migrantes desde San Pedro Sula, la segunda ciudad. Muchos de los que formaban parte de la segunda, que inició su periplo el 31 de enero, ya habían participado en la primera y fueron deportados.
"Me deportaron pero he decidido volver a ir. Intentaré llegar a Estados Unidos tantas veces como sea necesario porque mi país no es seguro para mí", cuenta a la ONG Óscar, que ya ha intentado sin éxito alcanzar el 'sueño americano' en seis ocasiones desde 2018.
"No cederé hasta que encuentre un lugar seguro en el que vivir en Estados Unidos", asegura este hondureño, que partió en la primera caravana del año para escapar de las amenazas de muerte en su contra por parte de las pandillas.
Para evitar las estrictas medidas de seguridad que recientemente han impuesto tanto Guatemala como México bajo presión de Estados Unidos, los migrantes han optado ahora por viajar en pequeños grupos dispersos a pie, en camión y en autobús. Así, mientras la primera caravana del año contaba con unas 4.000 personas, en la segunda iban inicialmente alrededor de un centenar.
En sus países de origen, incide Arseniuk, hay situaciones "similares a las de las zonas de guerra", de ahí el que "embarazadas, menores y ancianos opten por iniciar el peligroso viaje hacia Estados Unidos y México una y otra vez".
"En el camino, necesitan comida, un refugio seguro y atención médica, pero lo que más necesitan es protección", subraya la responsable del NRC.
La ONG recuerda que los estados están obligados a respetar el principio fundamental de no devolución, contemplado por el Derecho Internacional.
"Nadie necesitado de protección internacional debería ser deportado de vuelta a Honduras o El Salvador donde sus vidas podrían estar bajo amenaza directa", reivindica Arseniuk. "Las autoridades en Estados Unidos y México deben garantizar a la gente que huye por su seguridad el derecho de plantear su caso y solicitar asilo", recuerda.